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| Por el pluralismo político |
"Cuando hace 33 años se aprobó la Constitución vigente, se fijaron unas normas claras sobre cuál sería el sistema democrático en el que queríamos vivir. La Constitución de 1978 declara ya desde su artículo primero que el pluralismo político es un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico y durante más de tres décadas las Cortes Generales, los tribunales, los partidos políticos y toda la ciudadanía han considerado que el pluralismo es un pilar de nuestra democracia.
Sin embargo el 21 de diciembre de 2010, el pluralismo político fue puesto en cuestión cuando el Parlamento, casi a escondidas, sin debate ni publicidad, aprobó la reforma del artículo 169 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, un artículo que impide a la mayoría de las opciones alternativas su participación en unas Elecciones Generales.
La nueva redacción del artículo 169 de esta ley exige a los partidos que no tienen actualmente representación parlamentaria que recojan el aval del 0,1% de las personas censadas en cada provincia para poder presentarse a las elecciones Generales. Antes de seguir adelante en nuestra denuncia de lo que consideramos uno de los mayores ataques a la democracia en nuestro país, nos gustaría hacer una pequeña reflexión para que todos los ciudadanos y ciudadanas se puedan hacer una idea de cuál es el calado de esta medida, y puedan apreciar cómo no exageramos al calificarla de auténtico ataque a la democracia:
La exigencia de esta cantidad de avales implica que un partido que quiera presentarse como alternativa política democrática en toda España deberá recoger alrededor de 40.000 firmas en el plazo de menos de 20 días. Esto supone que cada uno de estos partidos y formaciones políticas deberá invertir como mínimo 3.300 horas para recoger avales, a razón de más de dos mil firmas diarias, mientras los grandes partidos se dedican a preparar sus campañas. Tres mil trescientas horas multiplicadas por cada partido que quiera presentarse en toda España, y financiadas con sus propios recursos.
Cuando llegó el momento en que todos los partidos firmantes, en cumplimiento de la ley nos disponíamos a recoger los avales, el Ministerio del Interior retrasó la presentación del modelo oficial para poder recoger las firmas, reduciendo el ya de por sí exiguo plazo de 20 días. En tal modelo, se incluían requisitos no previstos por la ley, haciendo el proceso de recogida de firmas aun más laborioso. Además, las Juntas electorales pusieron distintas trabas no justificadas para recoger las firmas por vía electrónica. A la hora de efectuar el recuento de avales, las Juntas Electorales procedieron a eliminar entre un 8 y un 14% de las firmas por diversos motivos. Finalmente, estas Juntas han aplicado unos criterios diversos, contradictorios de una provincia a otra, a la hora de aceptar recursos contra sus resoluciones.
El resultado es que los partidos deben reunir muchas mas firmas de las previstas, en mucho menos tiempo, y sin garantías de qué criterio seguirán las Juntas electorales para aceptarlos.
Por último, a través de una instrucción emitida el 20 de Octubre, tal y como se ha denunciado ante los tribunales, la Junta Electoral Central, saltándose sus mismas normas con carácter retroactivo y cambiando las reglas de juego a mitad de la partida, dejó en la más absoluta indefensión a 178 candidaturas de más de 30 organizaciones. Es decir el 30% de todas las candidaturas y el 40% del total de opciones políticas presentadas, despreciando la voluntad de miles de ciudadanos y ciudadanas que las han avalado con sus firmas.
En resumen, con esta modificación de la Ley Electoral, su desarrollo y ejecución, la norma que debe garantizar la pluralidad política, se convertía en lo contrario.
Los partidos y grupos que firmamos este manifiesto representamos una enorme variedad de opciones políticas legalmente reconocidas por nuestro ordenamiento. Cada una de estas opciones pretendemos servir a la sociedad en su conjunto desde nuestras diferentes posiciones ideológicas y siempre con respeto a la ley. Respetamos y defendemos el sistema que les da a los ciudadanos y ciudadanas la capacidad de elegir a sus representantes en el Parlamento y en el Senado como base de nuestra convivencia democrática. Esta pluralidad de opciones es lo que le otorga riqueza a la democracia y lo que, en último término, le permite evolucionar y adaptarse a los nuevos retos de nuestras sociedades.
La razón por la que nos hemos reunido hoy es denunciar este proceso que en la práctica viola la capacidad de las organizaciones democráticas para concurrir a las Elecciones Generales en defensa de sus ideales, en igualdad de condiciones y cumpliendo con la Constitución y las leyes de nuestro ordenamiento. La convivencia en una sociedad democrática se basa en disponer las reglas para que las opciones políticas legítimas puedan presentarse a las elecciones. Éste es el único modo de que las opciones democráticas de los ciudadanos y ciudadanas se expresen realmente en las urnas. Si se le impide a la ciudadanía que pueda elegir opciones democráticas alternativas, no sólo se coarta la democracia, sino que se condena al sistema político a un desgaste continuo por falta de adaptación a los nuevos retos de la sociedad.
Los firmantes de este manifiesto exigimos del Parlamento y el Senado que modifique la actual redacción del artículo 169 de la LOREG para garantizar la igualdad de los partidos políticos y el pluralismo, y exigimos sea anulada la instrucción mediante la cual la Junta Electoral Central rechazó las candidaturas, para que sean admitidas todas aquellas que, a día de hoy, podrían concurrir a las elecciones. Incluso habiendo cumplido con lo dispuesto en la reforma, que no compartimos por diferentes motivos, y de haber recogido los avales necesarios, los partidos firmantes hacemos público este manifiesto para denunciar semejante golpe a la democracia.
Reclamamos de los legisladores y los tribunales que cumplan su deber de defender las instituciones democráticas y el principio de pluralismo político que se consagra desde el mismo artículo primero de la Constitución. Exigimos que los tribunales amparen todas las opciones democráticas y a los votantes que quieren ejercitar el derecho a elegir libremente a sus representantes en un sistema pluralista y democrático como el que consagra la Constitución. Les pedimos a todos los ciudadanos y ciudadanas de España, sea cual sea su ideología, su adscripción política o el partido al que vayan a votar en las próximas elecciones, que sean conscientes de esta amenaza a nuestras instituciones democráticas".
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